El Catatumbo
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Desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
"Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad;hay una crisis humanitaria muy fuerte y además de que va a ser sostenida, seespera desafortunadamente que empeore". Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, 17 de enero.
“El desplazamiento masivo causado en El Catatumbo en los últimos días, puede ser el desplazamiento forzado masivo más grande causado en un solo“evento” desde que se tiene registro institucional de desplazamiento en Colombia(1997). Defensora del Pueblo,Iris Marín Ortiz, 24 de enero.
"La crisis en el Catatumbo sella la muerte política del ELN al romper cualquier conexión que pudiera quedar con su caracterización como un grupo de personas que se alza en armas contra un Estado que considera injusto”. Defensora del Pueblo,Iris Marín Ortiz, 1 de febrero.
A continuación, se relacionan los principales desafíos humanitarios identificados que requieren acciones urgentes y coordinadas en la región:
Atención humanitaria: Atención integral a más de 64.000 víctimas de desplazamiento forzado, garantizando seguridad para retornos seguros y dignos, verificación de condiciones en albergues, asistencia con enfoque diferencial y psicosocial, y protección a población migrante vulnerable. El balance humanitario es alarmante, con 64.783 desplazados y 12.913 confinados actualmente (a 28 de abril de 2025), 117 homicidios, y 5 firmantes desaparecidos.
Educación:
Protección de entornos escolares cercanos a zonas de combate y garantía
del derecho a la educación ante el desplazamiento de docentes y
estudiantes.
Retorno y reubicación:
Acompañamiento institucional en procesos de retorno seguro y
planificación de reubicaciones voluntarias con garantías de
estabilización.
Garantías para firmantes de paz: Implementación de medidas de protección ante riesgos, evaluación de la reubicación del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Caño Indio, avance en investigaciones por violencias, establecimiento de entornos seguros y acceso efectivo a programas de reincorporación. Persiste la estigmatización.
Garantías para líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos: Garantía de condiciones seguras para el ejercicio del liderazgo, articulación interinstitucional para prevención y protección, respuesta prioritaria a riesgos e implementación efectiva del Decreto 137 de 2025, que adoptó medidas extraordinarias e integrales de protección para personas, grupos y comunidades afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos y DIH, ocasionados por grupos armados organizados y otros actores violentos.
Garantías para funcionarias y funcionarios públicos: Medidas idóneas para servidoras y servidores públicos amenazados o trasladados, procesos efectivos de evaluación de riesgo y fortalecimiento de infraestructura judicial. • Garantías para los pueblos indígenas Motilón Barí y Yukpa: Adopción de medidas de protección con enfoque étnico, salvaguarda del territorio y bienes, libre tránsito por sus territorios, prevención de retornos a zonas minadas y garantía de participación.
Violencias basadas en género – afectaciones a mujeres y población OSIEGD: Implementación efectiva de la estrategia contra la trata de personas, protección en casos de explotación sexual y trabajo forzado, establecimiento de registros detallados y protección para familiares de firmantes. La Defensoría conoció el caso de 62 mujeres que interpusieron una denuncia ante fiscalía por las redes de trata y explotación sexual operadas por grupos armados, de las cuales fueron víctimas en busca de oportunidades laborales.
Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes: Prevención del riesgo de reclutamiento forzado, programas de alimentación diferenciada, garantía del derecho a la educación con atención psicosocial y simplificación de trámites. Según información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero y febrero de 2025, se desvincularon al menos 42 niños, niñas y adolescentes, principalmente por entrega voluntaria.
Sustitución de cultivos de uso ilícito: Abordar la persistencia de cultivos como condición de vulnerabilidad, impulsando la erradicación voluntaria con garantías de seguridad, acceso a tierras y alternativas sostenibles.
Pacto Catatumbo: Impulsar la implementación de iniciativas formuladas por las comunidades para orientar la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), garantizando claridad, transparencia, un sistema de seguimiento participativo y la concreción de acciones estructurales, superando la inseguridad jurídica por su falta de publicación formal.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones urgentes dirigidas a diversas entidades:
Atención humanitaria: Verificar
condiciones en albergues, brindar respuesta integral y coordinada con
enfoque diferencial, fortalecer mecanismos de atención y orientación a
víctimas, asegurar entrega oportuna de kits alimentarios y atender
urgentemente a la población migrante.
Educación: Fortalecer entornos escolares, garantizar continuidad educativa en emergencia, adoptar medidas para permanencia escolar de desplazados e implementar planes de protección para docentes.
Retorno y reubicación: Reforzar rutas de protección, evaluar reubicación del AETCR Caño Indio, implementar medidas para continuidad de servicios esenciales, garantizar protección de datos personales, recuperar proyectos productivos afectados, adoptar medidas financieras urgentes, garantizar acceso inmediato a salud y atención psicosocial culturalmente pertinente.
Garantías para firmantes de paz: Implementación de medidas de protección ante riesgos, evaluación de la reubicación del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Caño Indio, avance en investigaciones por violencias, establecimiento de entornos seguros y acceso efectivo a programas de reincorporación. Persiste la estigmatización.
Garantías para líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos:
Implementar medidas de protección efectivas, activar mecanismo
extraordinario del Decreto 137, diseñar medidas de reubicación seguras e
implementar planes de prevención y protección colectiva.
Garantías para funcionarias y funcionarios públicos: Priorizar
seguridad integral de alcaldes, personeros y servidores públicos,
fortalecer procesos de evaluación de riesgo y garantizar el uso de
lenguaje institucional respetuoso para prevenir estigmatización.
Violencias basadas en género – afectaciones a mujeres y población OSIEGD: Transversalizar el enfoque de género en todas las acciones institucionales, activar rutas de protección y asistencia para trata de personas y violencias sexuales, implementar programas de atención diferenciada para víctimas, establecer mecanismos de registro y análisis de casos de violencia basada en género y contra población OSIEGD y diseñar rutas de acompañamiento y protección para familiares de firmantes.
Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes: Fortalecer atención psicosocial diferenciada y garantizar la reunificación familiar.
Sustitución de cultivos de uso ilícito: Reestructurar y financiar eficazmente el programa de sustitución con enfoque participativo.
Pacto Catatumbo: Formalizar y publicar el documento final, implementar un sistema de seguimiento transparente y participativo, alinear inversiones de conmoción interior con las metas del Pacto y garantizar la participación comunitaria en su implementación.
La
Defensoría del Pueblo ha tenido un rol central en la visibilización y
atención de la crisis. Entre 2020 y 2024, la Defensoría emitió cinco
Alertas Tempranas sobre los riesgos derivados de disputas territoriales
en el Catatumbo y zonas aledañas. Estas fueron AT 050-20: Tibú (Estructural), AT 025-21: El Tarra y San Calixto (Estructural), AT 009-23: Bucarasica, El Zulia y Sardinata (Estructural), y AT 026-24: González y Río de Oro (Cesar), Abrego, Convención, La Playa, Ocaña y Teorama (Inminencia) AT 027-24: Los Patios, Puerto Santander, Cúcuta y Villa del Rosario (Estructural)
“La Defensoría lanzó varias alertas sobre el Catatumbo desde 2020. Una última alerta de inminencia [de noviembre de 2024] detectaba un escenario de riesgo muy real y concreto. Creo que como Estado no le dimos la suficiente atención a la gravedad del asunto”. Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, 1 de febrero.
A
través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría formuló
recomendaciones para mitigar los riesgos. Sin embargo, en enero de 2025,
los ataques a la población civil desencadenaron una crisis humanitaria
sin precedentes en la región.
En Norte de Santander, la
Defensoría del Pueblo emitió varias alertas y realizó seguimientos,
entre ellos la Alerta de Inminencia 026 de 2024, que advertía sobre la
posible ruptura del cese al fuego con el ELN y las crecientes tensiones
con las disidencias de las FARC (Frente 33). El documento señaló riesgos
como la violación de acuerdos de coexistencia, el avance de grupos
armados y la comisión de graves vulneraciones a los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario.
Participó en la
constitución de la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo el 3
de febrero de 2025, junto a la Iglesia Católica y la Misión de
Verificación de la ONU, con el objetivo de abordar la situación en la
región, en aras de mejorar la vida de las personas en situaciones de
vulnerabilidad. Su mandato incluye facilitar liberaciones, solicitar
corredores humanitarios y acompañar retornos.
La Defensoría del
Pueblo documentó y denunció infracciones al Derecho Internacional
Humanitario cometidas por actores armados. También intervino ante la
Corte Constitucional frente al decreto de conmoción interior y sus
desarrollos, y ha recibido a adolescentes desvinculados de grupos
armados. Además, ha acompañado a organizaciones sociales y presentó
acciones legales, como una tutela contra la Unidad Nacional de
Protección (UNP), con el fin de asegurar medidas de protección
efectivas.
